Combatiendo la cultura de cancelación de opinión.
El martes 16 de febrero de 2021, el gobierno británico anunció una ley que establecería sanciones que permitieran a académicos y alumnos demandar a sus universidades si veían coartada su libertad de expresión en sus campus. Esto viene en respuesta a la creciente tendencia a silenciar las opiniones disidentes por parte de activistas que defienden causas de justicia social, particularmente en cuestiones de identidad, desigualdad y etnia. En inglés se ha acuñado el término “woke” para referirse tanto a estos activistas como a la acción misma de amedrentar y ridiculizar opiniones que, a su juicio, ofenderían sensibilidades de grupos que presentan diversos grados de postergación o marginación social.
Uno de los hechos que alentaron este anuncio fue el amplio triunfo en diciembre pasado de los académicos de la Universidad de Cambridge ante su consejo, luego que este propusiera cambios a las reglas sobre libre expresión, obligando a “ser respetuosos de las diversas identidades de otros”. Los docentes críticos de esta medida la consideraron, aunque bien intencionada, autoritaria, y cuyo vago lenguaje abierto a interpretación podía ser usado para disciplinar e inhibir debates polémicos, forzando una autocensura en alumnos y académicos, lo que empobrecería la discusión y, lo que es más grave, iría en contra del propósito de una institución educativa: la construcción de conocimiento.
La discusión académica no puede estar limitada por el “respeto” a las ideas. Una cosa es el respeto a la dignidad de la persona que la sostiene, pero la forma de conocer la verdad es debatiendo y rebatiendo ideas, las que no pueden estar protegidas por un reglamento. Cabe señalar que omitir la discusión por “respetar una idea” incluso implicaría un menosprecio en la otredad, quitándole oportunidades para valorar nuevos puntos de vista que bien podrían fortalecer o modificar su idea. En ese sentido, uno de los cambios aprobados mediante votación en Cambridge fue reemplazar la palabra respetar por tolerar, entendida en su acepción de soportar algo que no gusta o no se aprueba del todo.
Estamos frente a una especie de neo-inquisidores. En la Edad Media, el fanatismo religioso llevó a un nivel de escrupulosidad que en todo veía una transgresión que debía ser reprimida. Es una suerte de trastorno obsesivo compulsivo que hoy se repite en movimientos críticos demandantes de justicia social, que ven en cada opinión o acción contraria a sus ideas o voluntad una agresión que justificaría una reacción violenta para aplacar al agresor.
La propuesta del gobierno británico incluye, desde dejar el registro y financiamiento de establecimientos de educación superior supeditados al compromiso con un manifiesto sobre la libre expresión, hasta que profesores y alumnos puedan buscar compensación si ven vulnerado su derecho a la libre expresión.
El gobierno chileno debiera seguir el ejemplo británico y legislar para proveer claras formas y mecanismos ejecutivos que aseguren el cumplimiento de la garantía constitucional de libertad de expresión y que sancionen prácticas de cancelación de opinión. Los académicos chilenos debieran seguir el ejemplo de Cambridge y no sólo proteger la libertad de expresión, si no que promoverla activamente entre sus pares y alumnos, antes de que sea demasiado tarde.
