Estamos viviendo cambios profundos de paradigmas que nos han pillado desprevenidos, y para los cuales vamos a necesitar pensar de forma totalmente distinta a como lo veníamos haciendo. Necesitamos raciocinios que permitan adelantarse a los desafíos futuros y lamentablemente nuestros políticos, los partidos y las instituciones ya no están siendo capaces de ello. Para peor, nuestro sistema educativo quedó obsoleto y no contamos con una propuesta para adecuarlo a los tiempos que se avecinan.
No solo en Chile estamos frente a una crisis de la democracia, ésta se está sintiendo a nivel global. Una posible explicación es que la democracia y los partidos políticos a la que estábamos acostumbrados fueron útiles, o eran resultados de, la revolución industrial. Las ideologías de derecha y de izquierda tenían sentido; la mano de obra y el capital eran los recursos y todo giraba en torno a quien se hacía con la utilidad. El gran motor del mundo fue la energía como el petróleo y el carbón. Un mundo donde además las comunicaciones eran unidireccionales y por lo general controladas por grupos de interés.
Hoy, viviendo la cuarta revolución industrial, la simplicidad del pasado ya no nos sirve y cada vez más la política va a ir requiriendo de un nivel de complejidad mayor. La fragmentación de intereses y causas están cada vez menos asociadas a la generación de riqueza y de su distribución. Las comunicaciones ahora son instantáneas y descentralizadas y lo mismo se puede observar en las monedas.
Hemos construido una economía y una sociedad basada en los datos, en las que la lista de la información comercializable está limitada únicamente por nuestra imaginación. Esto impone aún más presión a nuestra ya frágil situación política. Los académicos, tratando de entender cómo funciona esta economía, se han referido a este fenómeno con diversos nombres, pero todos comparten la idea que el control del conocimiento, como los datos y la propiedad intelectual, se está convirtiendo rápidamente en el determinante clave del poder económico, social y político.
Dada la relevancia de esto último, la generación, el control y el uso de datos pasan a ser actividades intrínsecamente políticas que debiesen estar regidas por leyes, reglamentos y normas. Debido a que las reglas que rigen los datos tienen efectos en toda la sociedad, los gobiernos tienen un papel vital que desempeñar en la construcción y limitación del mercado de datos, garantizando que este mercado funcione de una manera socialmente óptima y no sólo en interés de los actores más poderosos.
Al regular esta economía, los formuladores de políticas públicas deben tener en cuenta la dinámica única de una economía basada en datos y las cuestiones políticas centrales del control y uso de los datos. Los gobiernos también deben enfrentar la realidad de que la vigilancia requerida para el funcionamiento eficiente de una economía basada en datos entra en conflicto con, entre otras cosas, las normas que sustentan una sociedad liberal-democrática.
Establecer un salario mínimo justo o establecer protecciones medioambientales apelan a nociones fundamentales de dignidad humana y no principalmente a temas económicos. De manera similar, las decisiones sobre lo que no se debe vigilar y convertir en datos, y qué formas de uso de datos están fuera de lo aceptable, deben basarse no solo en los valores económicos, sino en las mayores necesidades de una sociedad liberal-democrática.
