La manipulación de redes sociales por gobiernos y organizaciones con agendas ocultas ha emergido como una amenaza real para la democracia y la libertad de expresión. Bolivia, no es ajeno a este fenómeno. Recientemente, se descubrió y desarticuló una extensa red que operaba principalmente en Facebook e Instagram, cuyo propósito era difundir información inauténtica y reportar masivamente contenido genuino en un intento de silenciar voces críticas.
Este complejo entramado de manipulación digital, compuesto por más de 1,041 cuentas de Facebook, 450 páginas, 14 grupos y 130 cuentas de Instagram, no solo violó políticas de comportamiento auténtico, sino que también llevó a cabo lo que se conoce como “operación combinada”, infringiendo múltiples políticas simultáneamente. La estrategia incluía la creación de páginas que se hacían pasar por medios de comunicación independientes y el uso de cuentas falsas para amplificar contenido, dándole una apariencia de popularidad.
Sin embargo, lo más alarmante es que esta red no solo operaba para inflar información, sino que también buscaba silenciar voces disidentes. Se reportó que algunas de las cuentas falsas presentaron una gran cantidad de denuncias falsas contra páginas de organizaciones noticiosas y miembros de la oposición, en un intento por eliminarlas y acallarlas. Este tipo de tácticas supone una amenaza directa a la libertad de expresión, ya que las voces críticas y disidentes son esenciales para una democracia saludable.Frente a estas acusaciones, María Nela Prada, Ministra de la Presidencia de Bolivia, respondió pidiendo “transparencia y claridad” sobre las políticas de Meta y sugirió que la empresa debería haber consultado al gobierno boliviano antes de tomar tales acciones.
La operación no se limitó a una sola plataforma. Además de Facebook e Instagram, también se extendió a Twitter, YouTube, TikTok, Spotify, Telegram, y sitios web asociados con sus propias marcas de “medios de comunicación”. Las personas detrás de este esfuerzo fueron reportadas trabajando desde una oficina en Santa Cruz, Bolivia, donde coordinaban esfuerzos para apoyar al gobierno boliviano y criticar y hostigar a la oposición.
El peligro de este tipo de manipulación en redes sociales es profundo. Cuando un gobierno o entidad tiene el poder de influir en la percepción pública y, al mismo tiempo, silenciar a los críticos, se pone en peligro la justicia y la administración imparcial de la misma. A través de la manipulación en redes sociales, las personas pueden ser adoctrinadas y llevadas a creer falsedades. Esta distorsión de la realidad conduce a la asignación injusta de culpa a disidentes del gobierno, lo que podría tener consecuencias devastadoras para individuos y grupos inocentes.
La investigación que condujo al descubrimiento de esta red se benefició de informes de código abierto. Aunque las personas detrás de la operación intentaron ocultar sus identidades, la investigación encontró vínculos con el actual gobierno boliviano y el partido Movimiento al Socialismo (MAS). La controversia se intensificó cuando el expresidente Evo Morales acusó públicamente al vice-ministro de Comunicación del gobierno actual de estar vinculado a estas actividades y de utilizar fondos públicos para apoyarlas.
PREOCUPANTE PROPUESTA DE REGULACIÓN DE REDES SOCIALES
El marzo de 2023, un legislador del partido gobernante MAS anunció en una conferencia de prensa que estaba trabajando en una propuesta de ley para regular las redes sociales en Bolivia. El diputado Juan José Huanca propuso tipificar delitos relacionados con la difusión de noticias falsas, creación de cuentas falsas y uso de bots. Además, propuso establecer penas de hasta siete años de prisión para estos delitos. Huanca señaló que el proyecto de ley estaba siendo revisado por el MAS y que recibirían aportes antes de su presentación formal a la legislatura.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Prensa (ANP) rechazó esta propuesta. Afirmaron que ciertos aspectos del proyecto podrían conducir a la censura y autocensura. Entre otras cosas, la ANP destacó que el borrador que habían recibido proponía introducir delitos “contra la dignidad a través de redes sociales” en el Código Penal.
La interacción entre la política y las redes sociales en Bolivia ha destacado la delicada línea entre la libertad de expresión y la manipulación de la percepción pública. La tentación de instalar verdades y editar la historia, está presente en todas partes hoy en día. Y por tanto la protección de la institucionalidad digital de un país es parte de su integridad democrática. Es fundamental entonces, no dar paso a regulaciones que persiguen acallar disidencias, so pretexto de proteger al régimen de turno. A fin de cuentas, el Poder en sociedad democrática, siempre debe ser cuestionado.
