Para Argentina, es crucial la aprobación de la llamada Ley Ómnibus, para poder tener oportunidades reales de crecimiento sostenido.

Actualmente, el crecimiento es poco menos que una utopía, debido a que los sucesivos gobiernos nos han legado un grave problema: el déficit fiscal. Este exceso de gasto ha sido históricamente financiado mediante el endeudamiento. Asimismo, se ha recurrido a aumentos reiterados de impuestos, presentados como temporales pero que, en la práctica, se vuelven permanentes, asfixiando la estructura productiva del país, limitando el acceso a bienes y servicios y obstaculizando la creación de nuevos empleos.

Este mismo contexto ha sido agravado por la emisión monetaria, que ha minado el valor de la moneda local, llevando a que los argentinos busquen refugio en el dólar, mientras que la amenaza de la hiperinflación se cierne sobre nosotros.

Por ello, resulta imperativo reducir el déficit fiscal de la manera más efectiva posible, para mitigar el impacto del ajuste necesario. La Ley Ómnibus que se debate en el Congreso ofrece una vía, al contemplar una desregulación que favorecería la rápida creación de empleo en el sector privado, atenuando así el impacto recesivo de las políticas de ajuste imprescindibles para estabilizar la economía.

No aprobar esta ley implicaría sumirnos aún más en los problemas actuales o, peor aún, obligaría al gobierno a recurrir a ajustes más drásticos. Es fundamental entonces trabajar en alcanzar un consenso entre todas las partes involucradas en la discusión.

El costo de decir no

Claramente, si la ley Ómnibus no es aprobada, se anticipa que el ajuste requerido será considerablemente mayor. Se estima que existe un margen significativo en el lado del gasto para llevar a cabo dicho ajuste y así alcanzar un déficit fiscal cero. Este margen se puede identificar en varios sectores:

● Reducción de la obra pública: lo que representaría aproximadamente el 1,5% del Producto Bruto Interno.

● Reducción de los subsidios económicos: equivalente al 2% del PBI.

● Salarios del Sector Público: equivalen a el 2,6% del PBI, podría ajustarse en una proporción de medio punto y un punto del PBI.

● Privatización de empresas públicas: podría contribuir con hasta medio punto del PBI en términos de reducción del gasto.

En cuanto a los ingresos, el gobierno cuenta con varias opciones para aumentar la recaudación:

● Incremento de impuestos

● Revisión del Régimen Fiscal de Tierra del Fuego

Adicionalmente, dar de baja la Ley Ómnibus dejaría de lado importantes reformas que buscan emparejar a Argentina con sus vecinos y aliados en materia de calidad institucional en general, y libertades económicas en particular.

En un mundo que opera en bloques, Argentina debiera tener aliados naturales en sus países vecinos y los países del cono sur, para comerciar en grandes volúmenes con el resto del mundo. Eso es difícil en un contexto donde Argentina rankea 144° en libertades económicas según Heritage, versus los puestos 22, 27 y 44 de Chile, Uruguay y Perú. Ni hablar del Indice WJP de Estado de Derecho, donde los “buenos alumnos” Uruguay, Costa Rica y Chile encabezan la tabla, dejando a Argentina en el lugar 13 de 32. ¿Qué integración regional puede ser efectiva cuando las instituciones de Argentina son tan diferentes a las de otros países? ¿Cuán confiables podemos ser para hacer acuerdos si nuestros estándares medidos por instituciones a nivel global son tan bajos en comparación al vecindario? Este es un punto débil que el proyecto Ómnibus busca remediar, acercándonos a la posibilidad de volvernos aliados atractivos a nuestros vecinos a través de un marco jurídico más estable y a tono con el mundo.

En conclusión, la no aprobación de la Ley Ómnibus prolongaría la incertidumbre económica y dificultaría aún más la recuperación del país, acentuando su aislamiento. Es esencial que todas las partes involucradas reconozcan la urgencia de esta situación y trabajen juntas para encontrar soluciones que impulsen el crecimiento sostenible y mejoren las condiciones de vida de todos los argentinos.

Por Natalia Motyl, economista y Board Member de Fundación Libertad Humana, Mercedes Colombres, periodista y directora ejecutiva de Libertad Humana